La conmemoración del 2 de octubre de 1968 nos sorprende en medio de un ambiente hostil y violento. No recién se han dado hechos de sangre en una entidad del país, cuando ya, en otra, nuevas noticias relacionadas con el crimen organizado y con el abuso de poder de las fuerzas federales, principalmente el ejército, hacen su aparición.
Los rumores sobre un posible estado de excepción en Ciudad Juárez entre dejan ver, además de la inoperancia y la ineptitud con que el gobierno de todos los niveles actúa ante la escalada de violencia en el país, una tendencia nada nueva y totalmente antidemocrática que constituye una vieja práctica en la política nacional desde hace muchísimo tiempo y que en el sistema de la revolución institucionalizada fue un fuerte carta de presentación independientemente del giro ideológico que el sexenio en turno tuviera o presentara (de derecha, de izquierda, populista, nacionalista, progresista, conservador, neoliberal, etc.): la criminalización de la sociedad civil.
Las constantes represiones ejercidas por el gobierno de México en el siglo XX –y también en el siglo XIX- contra distintos grupos disidentes, moderados, radicales y de distintos signos políticos, se fueron haciendo presentes apoyadas en argumentos que se apegan al discurso oficial, en función, obviamente, de los intereses del Estado; situación no exclusiva de México y nada anómala en el devenir político y social de nuestra historia, sin embargo, no por ello, menos digna de llamar nuestra atención.
Las represiones contra sindicalizados disidentes, partidos de oposición real, ideólogos no alienados al sistema, profesores, médicos, mineros, obreros, campesinos, estudiantes, homosexuales, indígenas, etc. Se han dado acompañadas de consignas oficiales en las que los reprimidos son, por una u otra razón, de alguna u otra manera, enemigos del Estado y del bien común –cualquier coincidencia con alguna campaña presidencial, donde algún candidato haya sido tachado de ‘un peligro para México’ tómese con reserva, como se toma todo en México para no comprometer el análisis y para seguir reflexionando sobre el vacío y para el vacío-, señalando así, a los inculpados, como criminales indefendibles.
Si bien los excesos y los matices de ciertas manifestaciones antigubernamentales en la historia de nuestro país, son, por su forma de expresarse, no indefendibles pero sí erróneas, la ausencia de una verdadera tradición democrática en nuestra cultura aumenta la imposibilidad de diálogo entre gobierno y gobernados cuando éstas y otras expresiones sociales se manifiestan en su pleno derecho de libertad de expresión. La cancelación del diálogo no sólo polariza y genera tensión en cualquier contexto político e histórico, sino que también define roles y estándares sociales que con el tiempo se vuelven difíciles de mover y de modificar. Así pues, en México, la ciudadanía y la sociedad civil siguen luchando contra corriente, siguen avanzando muy despacio, con casi todo -a veces consigo misma- en contra. Obviamente que la situación actual, la violencia excesiva y desbordada que nos acomete como resultado de una fallida ‘guerra’ contra el crimen organizado, vuelve mucho más sensible y dura esta realidad, pues, como en toda confrontación bélica, para quien la declara, tiene que haber una justificación de peso, ya que una guerra, en términos económicos y financieros, por no hablar de los términos culturales, sociales y humanos, requiere inversiones y sacrificios considerables. Desde un punto de vista moral, la guerra contra el narco, como ya se ha mencionado en este espacio anteriormente, está plenamente justificada desde una perspectiva moral, así de primera mano; el problema lo encontramos cuando nos metemos de lleno en los matices que este fenómeno presenta, pues la corrupción innegable del gobierno, sus fallas, su indolencia, su falta de pericia y su incapacidad para adaptarse a los cambios urgentes que son resultado de esta empresa en la que decidió meterse con tal de legitimarse, lo han llevado, ante la ausencia de una verdadera naturaleza democrática, a optar por una salida no fácil, pero sí utilitaria y que nos va acostar mucho a todos los mexicanos: el sometimiento de la sociedad civil.
Una delas primeras respuestas que, invariablemente, ha tenido Calderón para hechos de sangre suscitados en el marco de este problema, es la que consiste en criminalizar a la sociedad civil, así sucedió con los estudiantes del Tec de Monterrey que fueron abatidos, por el ejército mexicano, así sucedió con los jóvenes de Ciudad Juárez que fueron acribillados en una fiesta particular –en ambos casos el mandatario tuvo que retractarse en público de sus aseveraciones-, de un modo muy parecido al que, en su momento, como gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas señaló como corresponsables de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez a las mismas víctimas por usar minifaldas y salir de noche (quizá con esta declaración el señor Barrio consideró exigir a las maquiladoras que en su sexenio se instalaron en la entidad un cambio de horario para las empleadas quienes, por cuya tendencia a favorecer los asesinatos en su contra, aceptaron dichos empleos en esas condiciones quizá sólo por pasar el tiempo, ¿no?).
Si bien toda acusación y todo señalamiento no es en sí mismo la criminalización de alguien o de algo, sí lo es cuando ese señalamiento, cuando esa acusación se presentan como parte de un discurso permanente en el que hechos y palabras se conjugan dentro de una política social y económica que refuerzan lo expresado en el discurso en cuestión. En el caso de medidas como la Iniciativa Mérida y como los acuerdos entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en México con rigor, efectividad y sin tregua, subyace una poderosa y peligrosa forma del reforzamiento de la criminalización de la sociedad civil, pues en la medida en la que la intervención estadounidense con fines de apoyo se efectúa en relación a esta empresa lo hace sólo desde un frente, sólo en una dirección: la de la intervención en nuestra vida política y en nuestro territorio; mientras tanto la autonomía nacional se debilita, se ve lesionada y con ello se debilita también el marco legal y constitucional que protege al ciudadano de los abusos de las autoridades –ahora no sólo nacionales, sino también extranjeras-, pues la práctica de la mencionada criminalización, práctica que por lo visto va a tardar mucho en prescribir de nuestra cultura, está, potencialmente, en aras de alimentarse de esta participación extranjera y, por ende, guiarse, a partir de entonces, exclusivamente con la línea que dicha intervención dicte.
El curso que los acontecimientos puedan tomar a partir de ahora es cada vez menos promisorio, menos alentador, más aún peligrosamente irreversible, si se persiste en al vieja práctica de criminalizar al ciudadano ante un contexto que ya le es de por sí hostil. Los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue el resultado de una negación al diálogo, de una imperiosa necesidad de concluir con un movimiento social, a como diera lugar, para poder dar inicio a las olimpiadas ‘en paz’, puede ser que, como dicen algunos analistas de derecha, se trate también de un resultado de la manipulación ideológica ejercida sobre los jóvenes por parte de ideólogos comunistas que pretendían desestabilizar, en plena guerra fría, al sistema mexicano y que, a raíz de dicha manipulación, los estudiantes se dejaron llevar hacia una trampa; sea como sea, el hecho de que en esa matanza se manifiesta de la manera más atroz la criminalización de la sociedad civil, eso es evidente; esperemos pues que no proceda lo que algunos políticos proponen con respecto al Estado de Excepción, pues favorecería esta vieja y antidemocrática práctica, y de ser así, es muy probable que el Estado Mexicano ya no pudiera reponerse ante este golpe, mismo que, como siempre, se resentiría más en la sociedad civil, ya de por sí vulnerada.
Los rumores sobre un posible estado de excepción en Ciudad Juárez entre dejan ver, además de la inoperancia y la ineptitud con que el gobierno de todos los niveles actúa ante la escalada de violencia en el país, una tendencia nada nueva y totalmente antidemocrática que constituye una vieja práctica en la política nacional desde hace muchísimo tiempo y que en el sistema de la revolución institucionalizada fue un fuerte carta de presentación independientemente del giro ideológico que el sexenio en turno tuviera o presentara (de derecha, de izquierda, populista, nacionalista, progresista, conservador, neoliberal, etc.): la criminalización de la sociedad civil.
Las constantes represiones ejercidas por el gobierno de México en el siglo XX –y también en el siglo XIX- contra distintos grupos disidentes, moderados, radicales y de distintos signos políticos, se fueron haciendo presentes apoyadas en argumentos que se apegan al discurso oficial, en función, obviamente, de los intereses del Estado; situación no exclusiva de México y nada anómala en el devenir político y social de nuestra historia, sin embargo, no por ello, menos digna de llamar nuestra atención.
Las represiones contra sindicalizados disidentes, partidos de oposición real, ideólogos no alienados al sistema, profesores, médicos, mineros, obreros, campesinos, estudiantes, homosexuales, indígenas, etc. Se han dado acompañadas de consignas oficiales en las que los reprimidos son, por una u otra razón, de alguna u otra manera, enemigos del Estado y del bien común –cualquier coincidencia con alguna campaña presidencial, donde algún candidato haya sido tachado de ‘un peligro para México’ tómese con reserva, como se toma todo en México para no comprometer el análisis y para seguir reflexionando sobre el vacío y para el vacío-, señalando así, a los inculpados, como criminales indefendibles.
Si bien los excesos y los matices de ciertas manifestaciones antigubernamentales en la historia de nuestro país, son, por su forma de expresarse, no indefendibles pero sí erróneas, la ausencia de una verdadera tradición democrática en nuestra cultura aumenta la imposibilidad de diálogo entre gobierno y gobernados cuando éstas y otras expresiones sociales se manifiestan en su pleno derecho de libertad de expresión. La cancelación del diálogo no sólo polariza y genera tensión en cualquier contexto político e histórico, sino que también define roles y estándares sociales que con el tiempo se vuelven difíciles de mover y de modificar. Así pues, en México, la ciudadanía y la sociedad civil siguen luchando contra corriente, siguen avanzando muy despacio, con casi todo -a veces consigo misma- en contra. Obviamente que la situación actual, la violencia excesiva y desbordada que nos acomete como resultado de una fallida ‘guerra’ contra el crimen organizado, vuelve mucho más sensible y dura esta realidad, pues, como en toda confrontación bélica, para quien la declara, tiene que haber una justificación de peso, ya que una guerra, en términos económicos y financieros, por no hablar de los términos culturales, sociales y humanos, requiere inversiones y sacrificios considerables. Desde un punto de vista moral, la guerra contra el narco, como ya se ha mencionado en este espacio anteriormente, está plenamente justificada desde una perspectiva moral, así de primera mano; el problema lo encontramos cuando nos metemos de lleno en los matices que este fenómeno presenta, pues la corrupción innegable del gobierno, sus fallas, su indolencia, su falta de pericia y su incapacidad para adaptarse a los cambios urgentes que son resultado de esta empresa en la que decidió meterse con tal de legitimarse, lo han llevado, ante la ausencia de una verdadera naturaleza democrática, a optar por una salida no fácil, pero sí utilitaria y que nos va acostar mucho a todos los mexicanos: el sometimiento de la sociedad civil.
Una delas primeras respuestas que, invariablemente, ha tenido Calderón para hechos de sangre suscitados en el marco de este problema, es la que consiste en criminalizar a la sociedad civil, así sucedió con los estudiantes del Tec de Monterrey que fueron abatidos, por el ejército mexicano, así sucedió con los jóvenes de Ciudad Juárez que fueron acribillados en una fiesta particular –en ambos casos el mandatario tuvo que retractarse en público de sus aseveraciones-, de un modo muy parecido al que, en su momento, como gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas señaló como corresponsables de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez a las mismas víctimas por usar minifaldas y salir de noche (quizá con esta declaración el señor Barrio consideró exigir a las maquiladoras que en su sexenio se instalaron en la entidad un cambio de horario para las empleadas quienes, por cuya tendencia a favorecer los asesinatos en su contra, aceptaron dichos empleos en esas condiciones quizá sólo por pasar el tiempo, ¿no?).
Si bien toda acusación y todo señalamiento no es en sí mismo la criminalización de alguien o de algo, sí lo es cuando ese señalamiento, cuando esa acusación se presentan como parte de un discurso permanente en el que hechos y palabras se conjugan dentro de una política social y económica que refuerzan lo expresado en el discurso en cuestión. En el caso de medidas como la Iniciativa Mérida y como los acuerdos entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en México con rigor, efectividad y sin tregua, subyace una poderosa y peligrosa forma del reforzamiento de la criminalización de la sociedad civil, pues en la medida en la que la intervención estadounidense con fines de apoyo se efectúa en relación a esta empresa lo hace sólo desde un frente, sólo en una dirección: la de la intervención en nuestra vida política y en nuestro territorio; mientras tanto la autonomía nacional se debilita, se ve lesionada y con ello se debilita también el marco legal y constitucional que protege al ciudadano de los abusos de las autoridades –ahora no sólo nacionales, sino también extranjeras-, pues la práctica de la mencionada criminalización, práctica que por lo visto va a tardar mucho en prescribir de nuestra cultura, está, potencialmente, en aras de alimentarse de esta participación extranjera y, por ende, guiarse, a partir de entonces, exclusivamente con la línea que dicha intervención dicte.
El curso que los acontecimientos puedan tomar a partir de ahora es cada vez menos promisorio, menos alentador, más aún peligrosamente irreversible, si se persiste en al vieja práctica de criminalizar al ciudadano ante un contexto que ya le es de por sí hostil. Los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue el resultado de una negación al diálogo, de una imperiosa necesidad de concluir con un movimiento social, a como diera lugar, para poder dar inicio a las olimpiadas ‘en paz’, puede ser que, como dicen algunos analistas de derecha, se trate también de un resultado de la manipulación ideológica ejercida sobre los jóvenes por parte de ideólogos comunistas que pretendían desestabilizar, en plena guerra fría, al sistema mexicano y que, a raíz de dicha manipulación, los estudiantes se dejaron llevar hacia una trampa; sea como sea, el hecho de que en esa matanza se manifiesta de la manera más atroz la criminalización de la sociedad civil, eso es evidente; esperemos pues que no proceda lo que algunos políticos proponen con respecto al Estado de Excepción, pues favorecería esta vieja y antidemocrática práctica, y de ser así, es muy probable que el Estado Mexicano ya no pudiera reponerse ante este golpe, mismo que, como siempre, se resentiría más en la sociedad civil, ya de por sí vulnerada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario