Alrededor de 2005 o 2006, cuando empezaba a comentarse como algo de importancia mayúscula todo lo referente a los festejos del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución de 1910, aunque todavía faltaban 4 o 5 años, a la par de la valoración de ambos movimientos en calidad de festejos históricos, comenzó a crecer un rumor general un tanto en broma, un tanto en serio, en torno a una posible insurgencia popular que, emulando a las gestas que le precederían, cabalmente cumpliría su ciclo, por lo que 2010 sería el año en que el pueblo, harto de las injusticias, los abusos, la ineptitud, la corrupción y los malos manejos de los diferentes gobiernos priístas y, hasta entonces, el único panista, empuñaría las armas para, como había sucedido cada siglo, iniciar un movimiento revolucionario, social y político tanto como histórico. Estas predicciones basadas en una lógica muy elemental, aunque no por ello descabellada, no se fundamentaban en un análisis serio, ni siquiera más o menos profundo, de la realidad mexicana de principios del siglo XXI; una realidad donde, por ejemplo, los oligarcas que ejercen su poder y su influencia en la vida cotidiana y política de México cuentan con una serie de elementos que juegan muy a su favor y con los que los oligarcas de principios del siglo XIX y de principios del siglo XX no contaban; elementos, también que, a su vez, consolidan los intereses de las clases pudientes en una era global, a tal grado que, aunque no imposible, sí harto difícil sería iniciar, seguir y concluir un movimiento armado de emancipación y cambio como se supone fueron las revoluciones ya mencionadas.
En su afán por legitimar su cargo como presidente de la república, Felipe Calderón, optó, entre otras cosas, por iniciar, sin una planeación previa, una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en México, y, si como dice Denisse Dresser en uno de los últimos números de la revista Proceso, con todo y que se trata de una guerra moralmente justificada, es también una guerra inadecuada, éticamente incorrecta por la forma en que se originó y por el cause que el presidente Calderón le ha dado; peor aún, el gobierno federal, tras su objetivo de legitimarse y consolidarse como un gobierno honrado, correcto, honesto, democrático, legal y cumplido, insertó al país en una dinámica, una espiral de violencia y degradación sin salida, un caos que se alimenta significativamente de la corrupción gestada y engrandecida por décadas durante el sistema encabezado por el PRI, corrupción que ningún gobierno panista, al frente de la federación ha podido –léase querido- eliminar. Uno de las líneas más fuertes en que esta corrupción ha tendido a manifestarse es el crimen organizado que encontró en el tráfico ilegal de estupefacientes y drogas su forma más violenta y cruda de hacerse patente. En la medida en la que los Estados en todo el orbe se vieron acosados por la globalización -acosados y acorralados-, las debilidades de las naciones, como México, que transitaba de un autoritarismo burocrático a una democracia disfuncional e incompleta, generaron vacios de poder que el crimen organizado ocupó. Ante un Estado debilitado, la presencia de organizaciones criminales fortalecidas por sus nexos con políticos de distintos niveles tanto en México como el extranjero y por la creciente e interminable demanda del producto del narcotráfico, logró infiltrarse más allá de los niveles en que tradicionalmente lo hacía en la vida cotidiana: negocios que subsistían sin afluencia de clientes sólo por dedicarse al lavado de dinero, el auge género musical conocido como narcocorrido –y su pariente cercana, la música grupera- que narra las hazañas y venganzas de los capos de la droga y que inundó la radio, el mercado del disco y el internet desplazando en la mayoría de los jóvenes el gusto por el rock y géneros afines, los ajustes no escasos, pero más o menos ocasionales entre sicarios de los distintos cárteles… en fin, es innegable que la presencia del crimen organizado en nuestra vida cotidiana aumentó considerablemente toda vez que lo hizo en la medida en la que la violencia se desató de manera incontenible. No en balde, en alguna de las emisiones del programa Primer plano que transmite en cadena nacional el canal del Politécnico, Lorenzo Meyer señalaba que de hablar de una insurgencia en el 2010, sería la del crimen organizado. Más allá de su carácter irónico, analógico o referencial, la denominación hecha por Meyer en torno a este problema constituye una explicación satisfactoria (parcial, pero satisfactoria), de la situación actual, ya que es, en función de sus intereses, de la oportunidad que representa el vacío de poder ocasionado por la debilidad del Estado, de los alcances y nexos que las cárteles del narcotráfico tienen, que las organizaciones criminales a las que se alude en este escrito han decidió lanzarse en pos de un reordenamiento donde sus fueros y sus beneficios sean los que abiertamente sustenten el equilibrio político, económico y social.
Los resultados de esta contienda, que rodea al 2010 y que en este año se ha recrudecido de forma significativa, no son previsibles del todo, pero sí acusan un futuro inmediato aún caótico, violento e indeseable. Recordemos que la lucha armada por la independencia que inició en 1810 duró 11 años, y más o menos ésa pudiera ser considerada la duración de la revolución de 1910, el tiempo en que se desarrollaron las bases de una revolución oficializada e institucionalizada. Esperemos, pues, por el bien de México, que el conflicto actual no alcance esa magnitud temporal, con todo y que las consecuencias que ya presenta son de por sí caóticas y difíciles de revertir.
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